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Diferentes entidades de certificación (Aenor entre ellas) ofertan y ejecutan a un mismo cliente los servicios de Auditoría Reglamentaria de Prevención de Riesgos Laborales y Auditoría de Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el estándar OHSAS 18001. También es frecuente que a la misma vez ejecuten auditorías de certificación de ISO 9001 o 14001. (de fácil comprobación ya que se publicitan de tal forma en las webs correspondientes).

El argumento comercial que utilizan es el siguiente:”optimización de los tiempos de auditoría y menor coste”. (sobre todo si la Auditoría Reglamentaria la “regalan” al contratar la Auditoría de Certificación, situación conocida aunque de difícil demostración documental).

Ahora bien, si analizamos el artículo 32.2. del Real Decreto 39/1997, se puede leer: “Las personas físicas o jurídicas que realicen la auditoría del sistema de prevención de una empresa no podrán mantener con la misma vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo distintas a las propias de su actuación como auditoras, que puedan afectar a su independencia o influir en el resultado de sus actividades”.

¿Se entiende la realización de auditorías OHSAS o ISO actuaciones distintas a la de auditoría reglamentaria? —– SI.

Ante esta situación, se argumenta por parte de las entidades de certificación lo siguiente:

La Subdelegación General para la Coordinación en Materia de Relaciones Laborales, Prevención de Riesgos Laborales y Medidas de Igualdad, perteneciente al Ministerio de Trabajo e Inmigración, emitió un comunicado con fecha 26/12/2011 que indica:

“Se puede añadir como reflexión general, que el conocimiento de las organizaciones en sus diferentes facetas sometidas a Auditoría (ambiental, calidad, prevención de riesgos laborales, etc) permite aportar a las mismas un notable valor añadido, ya sea desde la perspectiva de la certificación de sistemas, de productos, verificación, etc, y que lejos de generar conflictos de interés, producen un conocimiento más profundo de los sectores de actividad y permiten una mayor competencia técnica de la organización, lo que redunda en una mayor calidad de su servicio”.

Así es como las entidades de certificación (no todas) toman un “comunicado” de una Subdelegación, en el que aparece una “reflexión general” (por otra parte muy cuestionable) como ley para poder “saltarse” el artículo 32.2. del R.D. 19/1997.

Es importante, según mi opinión, que los clientes que contraten ambos servicios conozcan esta situación.

P.D. Nuestra opinión coincide con la expresada por el Colegio Oficial de Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Valenciana.
Valencia, 23/02/2012.

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